La región sudamericana se pronuncia en repudio al intento de golpe de estado por parte de los cívicos y prefectos de la “media “luna”

Fotografia: Campesinos fallecidos el jueves durante la emboscada protagonizada por paramilitares financiados por la Prefectura de Pando. (Foto: El Deber).

NEB / Bolivia Now

El asesor para asuntos internacionales Marco Aurelio García informó que el gobierno de Brasil "no tolerará una ruptura del ordenamiento institucional boliviano, sobre todo porque ese ordenamiento fue recientemente refrendado por una manifestación del pueblo" en el referéndum revocatorio de mandato el 10 de agosto. El gobierno de Brasil Brasil no reconocerá "a ningún gobierno que sustituya o pretenda sustituir al legítimo gobierno constitucional de Bolivia" En su comunicado oficial apunta directamente a los gobiernos regionales de estos departamentos bolivianos que están claramente involucrados en esta pretensión de golpe de estado civil. Se menciona en el comunicado que ningún tipo de pedido autonómico o de cualquier tipo justifica el grado de violencia y de antidemocracia que demuestran estos grupos de poder.

Argentina en un comunicado oficial expone: "La Argentina ratifica su pleno e incondicional respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales" También el texto de la Cancillería: la Argentina condena "todo intento exterior de buscar la desestabilización de gobiernos populares elegidos democráticamente, en elecciones libres y sin proscripciones en América del Sur". Argentina condena los "graves hechos de violencia y sabotaje terrorista que se registraron habiendo producido víctimas fatales, destruido bienes públicos y privados y afectado gasoductos que abastecen a países vecinos". Argentina también "expresa su permanente disposición a colaborar en la búsqueda de una solución que garantice el pleno respeto de la democracia, la integridad territorial y la paz, valores que han guiado a la sociedad boliviana en estos últimos años en forma ejemplar en la región y el mundo".

Venezuela en un acto de solidaridad con Bolivia, y al verse asimisma atacada por los mismos poderes externos –en los cuales se devela un plan de magnicidio y golpe de estado planeado para estos mismos días-, pidió la expulsión del embajador de los Estados Unidos en Caracas. El presidente Chávez sanciono: "A partir de este momento tiene 72 horas el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela, en solidaridad con Bolivia", durante un acto celebrado en Puerto Cabello, 120 Km. al oeste de la capital.

El presidente venezolano manifestó su repudio a los hechos de violencia en Bolivia y lamentó las muertes ocurridas en el departamento de Pando.

Cabe recordar que el gobierno boliviano pidió a su vez la expulsión del embajador de Estados Unidos debido a su activa participación traducida en reuniones constantes con los mismos líderes que irrumpieron violentamente en sus regiones en un afán claramente desestabilizador del orden democrático en Bolivia. Naturalmente, esto fue interpretado como una clara intromisión y activa conducta conspirativa.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet dijo que “se debe respetar la institucionalidad vigente en Bolivia y que se debe reconocer a las autoridades electas legítimamente, ofreciendo la disposición de Chile para ayudar a solucionar el conflicto”. Manifestó a su vez: “Lamentamos profundamente la situación vivida en Bolivia que se ha traducido incluso en la pérdida de vidas humanas, en la destrucción de bienes públicos, en la toma de una serie de instituciones públicas, en un clima bastante crítico. En ese sentido como Presidenta de Chile y como presidenta temporal de UNASUR estamos haciendo llegar por un lado nuestros mejores oficios para ser parte y ayudar en todo aquello que creemos que haya que hacer en Bolivia”, afirmó.

Por su parte, también sumándose al apoyo a Bolivia, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo que rechaza "todo intento de quiebre institucional, político y de integridad territorial" en Bolivia. El gobierno uruguayo expresa "su total respaldo" al gobierno y al presidente de Bolivia Evo Morales, "elegidos libre y democráticamente por su pueblo" a la vez de lamentar la perdida de vidas durante los violentos ataques de los opositores al gobierno de Evo Morales.

El presidente paraguayo, Fernando Lugo, expreso también su apoyo al presidente de Bolivia, Evo Morales, ante la ola de violencia que vive el país por los choques armados promovidos por los opositores a su gobierno. Lugo declaro a los periodistas que "Paraguay estará solidario con todos los países si los Gobiernos han sido elegidos democráticamente y en ese sentido, el de Bolivia y su presidente han sido elegidos democráticamente".

El presidente Correa de Ecuador desde Lima, Peru también se sumo al apoyo al orden constitucional y democrático de Bolivia: "Realmente estamos muy preocupados por la situación que se vive en la hermana República de Bolivia, yo quisiera ratificar a nombre de Ecuador, como presidente pro tempore de la Comunidad Andina, todo el respaldo a la democracia de Bolivia, representada sin lugar a dudas por el presidente Evo Morales" El presidente ecuatoriano rechazó "los intentos de desestabilización, irracionales, que vienen de grupos perdedores de las elecciones recientes y que intentan un separatismo en Bolivia".

El presidente Alan García del Perú manifestó al respecto: “Mi gobierno expresa respeto al régimen democrático de Bolivia" y a "aquello que el pueblo apoya" también enfatizo: "Nuestro rechazo, naturalmente, a la violencia, nuestro rechazo a cualquier esfuerzo separatista que rompa la integridad de las naciones y nuestra invocación al diálogo para superar reclamos e impasses".

El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza repudió la violencia de grupos civiles en Bolivia, traducida en la toma altamente violenta de instalaciones gubernamentales y ataque activo a las Fuerzas Armadas, "en una clara actitud de provocación y de agresión" mencionando también que "No es aceptable para nadie el que, por mucho que se reclamen autonomías, determinados grupos se sientan con el derecho de apoderarse de bienes públicos".

El secretario general de la Comunidad Andina (CAN) Freddy Ehlers censuró la violencia en las regiones sur-orientales y llamó a las autoridades y a todas las fuerzas políticas a dialogar en resguardo de la democracia y en el marco del respeto a las normas constitucionales.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) respaldó también la institucionalidad democrática en Bolivia y lamentó la prolongación de los hechos de violencia provocados por grupos civiles en algunos departamentos del país. Asimismo, manifestó su "ferviente anhelo" de que a la brevedad "se reestablezca el orden y la convivencia ciudadana pacífica, y el diálogo orientado a normalizar el funcionamiento de la vía democrática". El canciller chileno Alejandro Foxley, como representante de la presidencia pro tempore de UNASUR puntualizo que se "lamenta la prolongación de las acciones de grupos civiles que conducen a pérdidas de vidas humanas, a personas heridas, a destrucción de bienes públicos y privados, al debilitamiento institucional y riesgo para la democracia y que podrían amenazar su unidad e integridad territorial". Recordó que en el referéndum revocatorio hubo una manifestación de voluntad del pueblo boliviano "que debe ser respetada".

MERCOSUR, a través del presidente de la Comisión de Representantes Permanentes, Carlos "Chacho" Álvarez, se sumó a las voces que condenaron los episodios de violencia en Bolivia y expresó su profunda preocupación por la situación política y social en el país. Además, repudió lo que calificó de "actitudes divisionistas y separatistas".

A la región Sudamericana se sumaron también expresiones de apoyo de diversos países centroamericanos, así como antillanos.

La Unión Europea y las Naciones Unidas expresaron también su preocupación por el escalamiento de la violencia, ofreciendo sus oficios de mediación entre las partes de conflicto.

Estados Unidos por su parte como era de esperarse, negó su participación en acciones desestabilizadoras sobre diversos gobiernos progresistas de la región latinoamericana en momentos en los que se recordaba 35 años el golpe de estado por parte de Pinochet al gobierno de Allende en Chile apoyado, de acuerdo con documentos desclasificados, activamente por el gobierno norteamericano con la utilización especial de sus agencias de seguridad.

Las ultimas informaciones en Bolivia señalan que el gobierno de Morales dicto el estado de sitio regionalizado en el departamento de Pando en vista de la extrema violencia traducida en un ataque por parte de sicarios y asalariados de la prefectura pandina con armas de fuego a campesinos que se encontraban desarmados. Hasta el momento se teme la existencia de una veintena de muertos. Reportes señalan que estos grupos paramilitares luego de la emboscada al grupo de campesinos masacrados opto por la “cacería humana” de quienes lograron huir del lugar. El temor es que el número de muertos se incremente conforme se realice más exploración por áreas boscosas y ríos de la región.

Las Fuerzas Armadas de Bolivia en auxilio de la población pandina habría hasta el momento retomado el control del aeropuerto de Cobija que estuvo en manos de los paramilitares cívicos y prefecturales de Pando.

La mayoría de la población de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija estarían a estas alturas clamando por la intervención de las fuerzas del orden que logren reestablecer la democracia y la paz en estas regiones, criticando a su vez que el gobierno no haya actuado con mayor anticipación.

El presidente por su parte, lamenta que las fuerzas del orden hayan sufrido tal humillación; pero a su vez, debe reconocerse que la difícil decisión por parte de las fuerzas de seguridad de acatar las ordenes expresas del gobierno de no responder con armas de fuego habría permitido que no suceda la multiplicación en el numero de muertos que hoy se estuviesen lamentando.

Ciertas cosas permanecerán cuestionables y controversiales, mas ahora que el gobierno de Bolivia logro el respaldo fuerte y unánime de la comunidad internacional, especialmente regional y que al mismo tiempo, las autoridades regionales que promovieron estos actos de violencia restaron apoyo de sus propias regiones, es tiempo que el gobierno, bajo el uso legal de las fuerzas del orden reestablezca la paz en estas regiones y que por medio de la justicia se encausen procesos con serios cargos sobre estos promotores de la violencia.

Es aun temprano para predecir que no habrá mas muertos, pero nadie dijo que esta intervención no traerá un costo alto en términos materiales e inclusive de vidas cuando los bandos civiles y violentos de las prefecturas y comités cívicos están armados y dispuestos a ofrecer resistencia.