¿Autonomias o separatismo? Dividir para reinar

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Fuente: Bolpress.com / Cedib
Si bien el problema de la autonomía esta latente en Bolivia desde hace muchos años, en los últimos meses se ha agudizado a partir de la demanda de sectores del departamento de Santa Cruz, que exigen que este departamento tenga autonomía respecto al poder del Estado central. El último conflicto en Santa Cruz se inicia el 30 de diciembre del año pasado, cuando el gobierno incrementa el precio de los carburantes entre el 10 y el 23%. El 31 de diciembre los chóferes convocan a una huelga a la cual se suma la CAO, la COD y FEJUVE de Santa Cruz, exigiendo la renuncia de Mesa. El 4 de enero el Comité Cívico de Santa Cruz exige la derogatoria del decreto de alza de precios. Posteriormente la movilización toma otro carácter, cuando el Comité Cívico de Santa cruz convoca a un cabildo para elegir un gobernador propio y declarar la autonomía de Santa Cruz.
Presionado por las movilizaciones, el 26 de enero Carlos Mesa acepta la elección directa de del prefecto y ofrece gestionar ante el Congreso la convocatoria a un referéndum autonómico. El 28 de enero se forma la Asamblea Provisional Autonómica, cuyo objetivo es llevar adelante el proceso autonómico de Santa Cruz. El gobierno promulga el decreto 27988 declarando elección del prefecto mediante voto directo, en elección del 12 de junio próximo, pedir al poder legislativo una convocatoria a referéndum autonómico en los meses de abril o mayo y la rebaja al incremento en los precios de los carburantes del 23 al 6.5%.
El cabildo abierto del 28 de enero define exigir autonomía departamental y autoriza la creación de la Asamblea Pre-autonómica que debe consolidar el primer gobierno autónomo de Santa Cruz. Juan Urenda –uno de los asesores jurídicos del Comité Cívico de Santa Cruz- indica que el objetivo de la autonomía es administrar los recursos que genera el departamento y dictar políticas públicas a excepción relaciones externas, defensa, aduana y moneda. La Asamblea Pre-autonómica debe convocar a la elección de prefectos, realizar un referéndum autonómico y posesionar al nuevo gobernador, en caso de que el gobierno no lo hiciera. Esta asamblea debe estar integrada por 25 diputados y senadores, 23 miembros del Consejo Departamental y 4 representantes de etnias del departamento.
El planteamiento autonomísta del Comité Cívico de Santa Cruz es crear un Estado Multinacional Boliviano, con autonomías departamentales. En este Estado, el gobierno de un departamento autónomo gozará de soberanía y se desenvolverá de acuerdo a un estatuto de autonomía política y administrativa territorial. Se llevara adelante la elección directa de un gobernador como cabeza de un poder ejecutivo y la elección de una Asamblea Departamental que fungirá en el departamento como poder legislativo, la misma estructura se reproducirá en niveles inferiores y sub regionales, por ejemplo a nivel de las provincias, se elegirá un sub-gobernador y un Consejo Provincial.
Respecto a los recursos naturales, el planteamiento indica que los recursos naturales del suelo y subsuelo serán de competencia y propiedad del departamento, que las concesiones a empresas deben ser aprobadas por instancias legislativas y ejecutivas departamentales y que los departamentos autónomos cederán el 30% de sus ingresos al Estado. Pero a la vez indica que el déficit de las regiones autónomas deberá ser cubierto por el Estado central.
Sobre el tema de tierra y territorio, el gobierno del departamento –es decir el ejecutivo y el legislativo- evaluará, aprobará o rechazará todos los planes de colonización, que el gobierno central, las asociaciones, gobiernos extranjeros, etc. promuevan.
Uno de los hechos más importantes que podrían desarrollarse en los próximos meses, que determina directamente el problema de las autonomías, es el referéndum autonómico, que actualmente espera la aprobación de la convocatoria por parte del congreso, pero que estaría programado para el 12 de agosto de 2005. La pregunta propuesta por el Comité Cívico de Santa Cruz y recogida por la Corte Nacional Electoral, puesta en consideración del Congreso es la siguiente: "¿esta usted de acuerdo que se apruebe en el país las autonomías departamentales con transferencia efectiva, de competencias y atribuciones, las mismas que tendrán por objeto en su jurisdicción territorial, disponer de sus recursos elegir a sus autoridades y darse su propia administración con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes de cada departamento y del país, todo en conformidad con las atribuciones que otorga al pueblo de Bolivia, el Art. 4 de la CPE?"
En un foro debate denominado "¿Autonomías o separatismo? Dividir para reinar" realizado en abril en las oficinas del Cedib de Cochabamba, los analistas Rafael Puente y Gustavo Soto interpretaron este crítico momento y las dimensiones de la propuesta cruceña.
Rafael Puente planteó la necesidad de separar la problemática de la descentralización -incluyendo su variante autonómica- de las maniobras e intenciones que tiene la oligarquía cruceña, a la que se suma la oligarquía tarijeña.
La oligarquía de Santa Cruz, relativamente poderosa, está directamente vinculada con las empresas transnacionales, la columna principal de la CAINCO es la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, ese es el poder central al que se suman los empresarios soyeros, madereros, ganaderos, etc., explica el analista.
Cuando el Comité Cívico de Santa Cruz planteó su propuesta de autonomía, acompañada de una serie de movilizaciones, en varios departamentos del occidente los sectores sociales reaccionaron en contra de la autonomía. Esta reacción, en vez de debilitar a las posiciones cruceñas, las fortaleció, colocando a las élites cruceñas en el papel de víctimas, acosadas por el occidente que no entiende los problemas del oriente.
Frente a esto parece muy interesante comparar la posición de la Asamblea del Pueblo Guaraní y del Bloque Oriente, compuesto por los indígenas de tierras bajas como los pueblos chiquitano, mojeño, ayoreo y algunos otros, en alianza con los colonizadores collas asentados en Santa Cruz, que han reaccionado de manera muy diferente ante las posiciones de la oligarquía cruceña representada por el Comité Cívico.
En primer lugar, no se han opuesto por principio a la autonomía, no han rechazado esta demanda, por el contrario exigen la autonomía, pero indican que no quieren la autonomía planteada por el Comité Cívico y la oligarquía cruceña, que no representa a los pueblos originarios de las tierras bajas de Santa Cruz. El pronunciamiento de estos pueblos y colonizadores aclara que el Comité Cívico de Santa Cruz no los representa y que los pueblos indígenas de tierras bajas están en total desacuerdo con las intenciones que se encuentran detrás de la propuesta autonómica de la oligarquía.
"Como podemos ver son respuestas y reacciones totalmente diferentes, la primera de algunas organizaciones e instituciones de occidente, niega el gran problema del centralismo estatal, si recordamos el primer planteamiento descentralizador e incluso federalista se dio en Cochabamba en el siglo XIX protagonizado por Lucas Mendoza, antes de que lo hiciera Andrés Ibáñez en Santa Cruz, este es un problema bastante antiguo que tiene que ver con la constitución misma del Estado, que no solo peca de neocolonial, sino también de intransigentemente centralista. Pero al afirmar este hecho tenemos que tener cuidado en que centralismo no se entienda como "paceñismo", el pueblo de La Paz, los pueblos originarios, la población paceña, no se beneficia para nada del centralismo y en cambio sí se beneficia, -poniendo un ejemplo claro- el señor Saavedra Bruno que fue el último ministro del exterior que tuvo el gobierno de Gonzalo Sanchez de Losada, un representante importante de la oligarquía cruceña, que desde el comercio exterior se beneficiaba y beneficiaba a grupos de la élite cruceña, a partir del poder del Estado centralista", asegura Puente.
La oligarquía cruceña se ha especializado en el manejo centralista del Estado, sus representantes han estado incrustados en el área económica de todos los gobiernos neoliberales, beneficiándose de la parte más gruesa del presupuesto nacional, sobre todo con inversiones que aumentan la deuda externa del país, eso siempre ha ido a parar a Santa Cruz a partir de un manejo hábil del Estado centralista realizado por la élite cruceña.
El tema del centralismo que puede verse como causa de la Guerra Federal de 1899, fue provocada por la oligarquía del estaño, que no solo era paceña pero que estaba bien vinculada con la administración de La Paz. Este grupo tomó como bandera al federalismo para combatir contra la oligarquía de la plata que tenía su sede Chuquisaca. Una vez que ganó la oligarquía del estaño ganó la guerra gracias al ejército aymara, se olvidaron del federalismo y montaron su propio sistema igualmente centralista, solo que con sede en La Paz.
El problema del centralismo es recurrente en la historia de Bolivia y tiene que ver con el mayor alejamiento del poder político respecto a las bases sociales, acercar el poder a las bases es descentralizar.
Por lo tanto no es posible adscribirle a la oligarquía cruceña la demanda de autonomía y descentralización, ya que es un tema que hace al conjunto de la nación, que requiere acercar lo más posible el poder político a las bases y eso significa entre otras cosas descentralización.
De hecho, la oligarquía cruceña no ha tenido mayor interés en seguir peleando por la descentralización, cuando ha comprobado que tenía en sus manos el poder del Estado. Recién en octubre del año 2003 este grupo de poder pudo ver como el poder del Estado central se les iba de las manos; es en ese momento en el que la oligarquía cruceña propone a Gonzalo Sanchez de Lozada que no abandone el país, sino que instale su gobierno en este departamento para iniciar una guerra civil que les permita reconquistar el poder.
Este es un hecho que no pudo prosperar por que no tuvo el aval de las Fuerzas Armadas, la iglesia católica, ni de la Embajada de los EE.UU., porque ya se había garantizado el control de la situación mediante la sucesión de Carlos Mesa, que garantizaba el statu quo, el modelo neoliberal y los intereses de las empresas transnacionales.
Una vez caído el gobierno de Sanchez de Lozada, la oligarquía cruceña se da cuenta de que la situación del país era cualitativamente diferente y que no tenía la capacidad –como antes- de mantener su hegemonía. Es a partir de este momento en el que se empiezan nuevamente a levantar las banderas autonómicas, como una forma de recuperar el control por lo menos de una parte del país: el oriente.
Como podemos ver, explica Puente, plantear que las banderas de la descentralización -en cualquiera de sus variantes, una de ellas la llamada autonomía departamental- son un patrimonio del Comité Cívico y del Movimiento Cívico Cruceñista, es ayudarles a fortalecer su demanda. Se debe considerar que la exigencia de descentralización es un movimiento del conjunto del país, lo inteligente es reaccionar como lo han hecho los pueblos indígenas de las tierras bajas, los colonizadores pandinos, etc. que en una sola voz han declarado: "si queremos autonomía, pero no la de ustedes (refiriéndose a la oligarquía cruceña), queremos una autonomía popular, que llegue a los pueblos indígenas, a los municipios, que llegue a las bases".
Es evidente que la gran movilización que hubo en Santa Cruz en el mes de enero tenía mucho de manejo oligárquico, empresarial y manipulador. Mucha gente que conoce bien el tema ha asegurado que la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, invirtió cientos de millones de bolivianos, para mantener a la supuesta Unión Juvenil Cruceñista, que en realidad era una mesnada mercenaria de gente, que trabajaba por un sueldo diario. Se menciona que cada miembro de estas agrupaciones movilizadas recibía un sueldo de 50 bolivianos diarios más comida, etc. para bloquear, tomar o destruir lo que el Comité Cívico determinaba, como la prefectura, la renta, el aeropuerto y el INRA, que simbólicamente es muy importante porque demuestra un total rechazo a los intentos de reivindicación territorial de los pueblos indígenas.
Pero si bien hay un manejo prebendal a partir de la entrega de grandes sumas de dinero a masas movilizadas, eso no significa que efectivamente la mayor parte de la población de Santa Cruz está convencida de que la autonomía es un derecho por el que hay que luchar.
Otro elemento que se debe tomar en cuenta es que no se puede convertir las palabras en fantasmas, el concepto "descentralización" puede entenderse de muchas maneras y depende de la sociedad boliviana las formas que adopte la descentralización, existen distintas propuestas que hacen al proceso. Gonzalo Sanchez de Lozada fue el primero que quiso convertir la consigna de federalismo en un fantasma, indicando que esta demanda apuntaba a la división del país. Si vemos mas allá de Bolivia podemos apreciar que los países más sólidos de América Latina son federales: México, Brasil, Argentina, Venezuela y nunca hemos sabido que por estas formaciones federales hayan corrido el riesgo de dividirse. Detrás del concepto "federalismo" se esconden las más variadas consecuencias prácticas, existen diversas formas de estructurar y definir un Estado Federal. Lo importante es no considerar este tipo de estructuras como un peligro inminente de separación, otra cosa es que existan pequeños grupos oligárquicos, que a nombre de la autonomía pretendan lograr la separación.
El Reino de España está estructurado en base a la autonomía, pero lo países autónomos que tiene a su interior son parte del único Estado español, el problema es desenmascarar las intenciones ocultas del Comité Cívico cruceño, cuando en primer lugar plantea el tema de la autonomía antes de la Asamblea Constituyente, esta maniobra ha sido denunciada por los campesinos indígenas de las tierras bajas, indicando que el tema de la autonomía debe ser definido en los espacios de la Constituyente, porque la decisión atañe al conjunto de la sociedad boliviana, a partir de una discusión amplia y minuciosa, explica Puente.
Además de la intención del Comité Cívico cruceño de recuperar el control de los recursos hidrocarburíferos para las transnacionales, también se encuentra el intento de frenar las luchas por la tierra, que actualmente se enfrentan mediante dos vías en las tierras bajas, una de ellas la vía legal, los pueblos indígenas de las tierras bajan están aprovechando cada párrafo que la Ley INRA les permite aprovechar y ya han ganado una serie de batallas. La otra vía que utilizan los pueblos indígenas y campesinos es la de la movilización y toma directa de tierras. A partir de esa lucha se ha conformado el Movimiento Sin Tierra MST, que ya ha logrado conformar una presencia nacional. Esta es una de las primeras preocupaciones de la oligarquía del oriente, que busca poner fin a este peligro a partir de la implementación de su visión de autonomía, en la cual el tema de la tierra lo maneja en cada departamento el gobierno autónomo o las asambleas autónomas, sin la intervención del gobierno central.
El otro tema importante está referido al manejo de los recursos naturales, básicamente los hidrocarburos que es lo que más preocupa en general al país. Es evidente que esta visión de autonomía busca el control total de los ingresos y recursos de la región, para beneficio de algunos grupos de poder ligados al capital internacional, pero autonomía no necesariamente supone eso. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de España en su articulo 2 inciso A, dice: "El sistema de ingresos de las comunidades autónomas deberá establecerse de forma que no pueda implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales" entonces es posible pensar en autonomías sin que eso implique privilegios para una región, el articulo continua mencionando: "la garantía de un equilibrio económico corresponde al Estado (Estado central) que es el encargado de adoptar las medidas oportunas tendientes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, la estabilidad presupuestaria y el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español". Este es solo un ejemplo conceptual de que Autonomías o Régimen Autonómico, no significa necesariamente que cada región autónoma pueda disponer de sus recursos naturales y financieros de forma totalmente libre. La oligarquía cruceña pretende hacerlo así y habrá que desenmascararla.
El tema preocupante que debe ser considerado y debatido es el de continuar fortaleciendo las posiciones del Comité Cívico, a partir de los prejuicios y temores del occidente. Si nosotros, en el óvalo andino cerramos filas contra las posiciones autonomistas, entonces nosotros seremos los que estemos trazando la frontera de la media luna, se estará corriendo el riesgo de hacer verdad eso de la "media luna", que es una mentira, un invento de la oligarquía, sugiere Puente. Debe quedar claro que las "dos Bolivias" no son la media luna del oriente y el occidente andino, las dos Bolivias son: las oligarquías locales aliadas a los capitales internacionales y la otra es la Bolivia popular, pobre y que hoy lucha por sus reivindicaciones, en esta última Bolivia se encuentran todos los departamentos del país.
Según el analista Gustavo Soto, es importante recordar el pasado para ubicar el tema de los peligros y las potencialidades del concepto de autonomías y el concepto de descentralización. Hemos tenido una experiencia entre bolivianos el 93 y el 97, todos tienen en mente que estas reformas del Estado han venido como parte de un paquete en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En esa época se discutió mucho respecto a los mecanismos para aproximar las instituciones públicas a la población, vía metodología de planificación participativa. La Ley de Participación Popular, Ley de Descentralización Administrativa, que vienen en un paquete muy importante de reformas súper estructurales de las instituciones públicas, permitieron que la gente se ocupe tanto de los temas súper estructurales, institucionales y de reingeniería, que nos olvidamos que algo fundamental, decisivo y trágico que sucedía en la estructura, porque ese paquete que venía junto con la Ley de Descentralización, que mostraba una mayor participación de la gente, un supuesto mayor acceso a información de los presupuestos municipales, pero a la vez una pelea al interior de sectores sociales y organizaciones por los recursos coparticipación, también estaba generando una situación que profundizaba mucho mas la autonomía nacional, que ponía en tela de juicio la determinación de Bolivia como país soberano, principalmente a través de la consolidación del poder de las transnacionales.
Existe una historia muy larga de las propuestas de administración federalista, tanto en una vertiente igualitaria como la de Andrés Ibáñez, como en lógicas de mayor control social colectivo sobre el destino de las regiones, porque se trata finalmente de que un Estado sea cercano, evitando la exteriorización de la sociedad civil que despliega y pierde todas sus libertades frente a un Estado que se convierte en dueño del patrimonio, de las decisiones y de la vida cuando en rigor el Estado es un servidor de la sociedad.
El contexto de significaciones positivas de los conceptos de descentralización, de achicamiento del Estado, de aproximación del Estado a la sociedad civil, han servido -en la experiencia boliviana- para enmascarar otro tipo de tramas económicas con resultados absolutamente trágicos para el país. Hoy en día los sectores populares en Bolivia se encuentran pelando por bienes que eran propiedad del Estado hasta 1985, teníamos empresas públicas hasta 1985, pero ahora cuando hablamos de nacionalización a la mayoría del país le parece un postura maximalista inconcebible, pero cuando uno mira el pasado, estas demandas, solo se esta pidiendo lo que se tenía hace veinte años, probablemente sin mecanismos de control social eficiente, sin transparencia, etc. pero que a pesar de todo esto generaban los recursos necesarios para el funcionamiento económico del Estado y del país, en mejores condiciones que las actuales.
Este proceso sumamente grave en el que se destruye la economía del país, ha generado a partir del año 2000, un ciclo de rebelión social después de mucho tiempo en el que se ejecuta un inmenso trabajo de propaganda e ideologización para legitimar el modelo neoliberal, que además es parte de la gran derrota política, ideológica y colectiva de todas las corrientes de la izquierda no solo en el país, sino a nivel mundial. Estos dos procesos –el de la transformación estructural (economía) a partir de la eliminación de las empresas públicas y la entrega de los recursos naturales a empresas transnacionales, sumado al proceso de hegemonía ideológica del neoliberalismo- le ha costado al movimiento social boliviano, la eliminación de su columna vertebral: el proletariado minero que sociológicamente hablando, podría ser el único actor nacional que merece el nombre -casi científico- de proletario.
Es en este contexto en el que se han dado todas las reformas estructurales y superestructurales que han impuesto el neoliberalismo en Bolivia, obviamente el gobierno mas importante en este proceso y que ha tenido la función de consolidar el modelo ha sido el primer gobierno de Sanchez de Lozada, es a partir de ese periodo que el país a empezado a hablar de descentralización.
La Ley de Participación Popular se implemento a partir de una gran propaganda del gobierno, juntamente con la ayuda de una serie de ONGs, promoviendo los beneficios de la supuesta participación de la sociedad y la descentralización de los recursos. Pero no se planteo en aquel momento que los recursos de coparticipación sobre los que se basaba la Participación Popular, se irían reduciendo dramáticamente, por la crisis financiera del Estado, provocada por las otras medidas en el ámbito económico, como la capitalización.
En ese contexto es importante preguntarse el porque el Comité Cívico cruceño, no se opuso -con la misma fuerza que hoy exige autonomía- a la descentralización administrativa que le expropiaba algo que era de su propiedad: CORDECRUZ y que era una empresa pública eficiente. Si la élite cruceña no hizo nada en aquel momento, fue porque aun tenían un gran poder dentro del Estado central, es a partir del año 2003 que se reactiva como una carta ideológica muy importante el tema de la autonomía.
La "nación camba" sale a la luz pública en el año 2001, con personajes como el señor Dabdub que elaboraron una serie de documentos de justificación de sus posiciones regionalistas. Este grupo en el año 2001 aun era muy pequeño, incluso fue menospreciado por Sánchez de Lozada y el MNR, que lo catalogo como un grupo marginal, que trataba temas que están totalmente fuera del contexto nacional. Es a partir del año 2003 que estos fermentos ideológicos empiezan a encontrar un eco discursivo en ámbitos más grandes, como los empresarios de la CAINCO que es el bloque más importante y dinámico de la movida autonómica. Es innegable la influencia de este grupo en los sectores de la élite cruceña. Por ejemplo en las propuestas del Comité Cívico Pro-Santa Cruz para la pregunta del referéndum autonómico, existen tres temas fundamentales que ya estaban presentes en la página web de la nación camba, como el tema de la tierra y los recursos naturales. En la versión original de la propuesta se indica que los recursos naturales son propiedad del departamento y no del Estado, lo cual es un contrasentido porque si hay algo que sea infinitamente boliviano es justamente el Chaco, donde se creó la posibilidad de país, donde toda la sangre se mestizo, en la necesidad de defender y crear un proyecto de Estado nacional que llego a la revolución del 52.
El tema de los recursos naturales es central en la propuesta del Comité Cívico, en medio del paquete de diferentes reformas secundarias hay unas pocas fundamentales y estratégicas, una es el tema de tierra y territorio, sobre la que indica que: toda política de tierras será sometida a la normativa departamental. Respecto al tema de hidrocarburos y otros recursos naturales como los bosques y la biodiversidad es lo mismo, es decir que el manejo de todos los recursos estratégicos estará determinado por políticas públicas departamentales, que concurrentemente a las nacionales determinarían la toma de decisión.
Estas son las intenciones finales de la élite cruceña y debemos conocerlas para poder suprimirlas. Los pueblos indígenas de tierras bajas, han tenido la capacidad de no rechazar el tema de la autonomía, pero a la vez ir en contra de las intenciones de la élite cruceña, al plantear la necesidad de estructurar un Estado que reconozca las autonomías indígenas.
Existen una serie de demandas territoriales, bajo la forma de Tierras Comunitarias de Origen TCOs y que deben ser autogestionadas y administradas por las poblaciones indígenas, estas demandas se han convertido en una jugada fundamental de los pueblos indígenas de tierras bajas, que pretenden lograr una autonomía territorial, política y cultural de sus territorios, de esta forma han puesto en cuestión todo el orden republicano, pero a pesar de este avance, de todas maneras la discusión y las reivindicaciones siguen operando en el plano súperestructural, estamos hablando de nuevas divisiones políticas e instituciones, pero nadie plantea el tema de fondo, que corresponde a la estructura económica.
Ningún discurso sobre la constituyente plantea la solución al financiamiento de toda esta transformación del país, el problema es el régimen económico e inevitablemente debemos retornar al tema de los hidrocarburos y los recursos naturales, que es prioritario –mucho más en este momento- a la Asamblea Constituyente y a las propuestas de autonomía. Estamos haciendo una enorme discusión, muy rica, muy compleja, sin duda importante con sustentos históricos, etc. pero nos olvidamos del tema esencial: con autonomías indígenas, regionales, mancomunidades, municipios o federaciones municipales, etc. finalmente el Estado boliviano tiene menos capacidad de autodeterminación que nunca. Si un Estado, sea este multinacional, federal, unitario, etc. está desposeído de sus recursos, no tiene ninguna capacidad de autodeterminación y por lo tanto el verdadero problema del país se encuentra en la infraestructura, en la economía. Actualmente solo la recuperación de los recursos naturales y principalmente de los hidrocarburos y los minerales pueden permitirnos encarar una discusión real del rediseño estatal, territorial e institucional.
Este es el tema fundamental que esta sesgado e incluso silenciado, por que evidentemente no tocar este tema es conveniente a los grupos de poder, hay demasiado dinero en juego, considero que la Asamblea Constituyente se esta llevando adelante por que ya se esta invirtiendo mucho dinero y todo el debate respecto a la constituyente no lo esta haciendo el pueblo boliviano, sino la oligarquía asociada al imperio y las transnacionales, para que el resto del país llegue a consolidar un pacto social sin alterar en lo mas mínimo los intereses económicos de los grupos de poder.
Cualquier pacto social en esas condiciones es una farsa trágica, porque no va a resolver los problemas, y es justamente eso lo que se nos dice continuamente: "no esperen que la Asamblea Constituyente resuelva los problemas de pobreza". Evidentemente el país se esta dirigiendo a una trampa, porque en la constitución hay una cosa fundamental que se llama régimen económico y régimen social, son estos temas los que se deben discutir en la Asamblea Constituyente el tema de la tierra, de los recursos naturales, etc. para construir nuevos marcos que regulen las políticas públicas respecto a estos recursos.
Según Puente, en lo que no podemos estar de acuerdo con algunos sectores y organizaciones es en la apreciación de que autonomía es igual a manejo de recursos propios, en esta apreciación aparecen las declaraciones que indican que la autonomía es inviable porque Potosí no tiene la capacidad financiera para sostenerse sola. El primer punto es la autonomía del país, la autodeterminación del país y la recuperación de los recursos del país y después las autonomías regionales que serán viables en ese marco. Segundo se debe considerar que los recursos: mineros, hidrocarburíferos, forestales, etc. son los llamados recursos estratégicos y que por lo tanto son propiedad de la nación y no de cada región, entonces considerando estos dos aspectos, se debe desenmascarar la posición de la oligarquía cruceña que plantea la autonomía para apropiarse al margen del Estado de recursos que le pertenecen a toda la nación.
Lo que corresponde no es rechazar la autonomía por principio, sino combatir y eliminar las intenciones de fondo de los grupos oligárquicos y darle a la reivindicación histórica de autonomía un contenido popular, como le han dado los pueblos indígenas del oriente.